Uruguay: ni una muerta por aborto clandestino

Ni una sola mujer murió por un aborto realizado en condiciones inseguras en Uruguay desde diciembre del 2012 hasta junio del 2013 y, en ese tiempo, 14 mujeres por día tuvieron la opción de detener un embarazo que no deseaban o no podían continuar. Estos son los resultados de una política sostenida de reducción de la mortalidad materna y abordaje de la problemática del aborto que Uruguay viene llevando adelante desde el año 2003 y que fue coronada, en octubre del 2012, con la aprobación parlamentaria de una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una experiencia para emular.

dest1urugabCOMUNICAR IGUALDAD-  A fines de julio, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay presentó las primeras estadísticas de balance de la implementación de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo  – aprobada por el Parlamento del país vecino en octubre del 2012- que permitió que las mujeres uruguayas accedieran a la realización de abortos medicamentosos o quirúrgicos en los centros de salud públicos y privados.

Esta ley fue la culminación de una etapa de abordaje de la problemática del aborto que se inició en el 2003 cuando en ese país y a instancias del médico Leonel Briozzo –actual viceministro de Salud Pública- comenzaron a implementarse las Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo (ISCAPCR), mediante las cuales –entre otros dispositivos- se brindaba a las mujeres información pre y post aborto en conserjerías de salud y se les indicaba cómo proceder en el caso de un aborto medicamentoso. Lo que se agregó a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es que los mismos equipos de salud que antes sólo les daban información a las mujeres, ahora deben también realizarles la receta que les permitirá adquirir el kit para concretar el aborto y, en caso de que el intento con medicamentos en la casa no tuviera efecto, en la misma institución de salud deberán realizarse una intervención quirúrgica.

El resultado de la implementación de esta política pública implementada por Uruguay con el objetivo de reducir los índices de mortalidad de mujeres gestantes (habitualmente conocida como mortalidad materna) que tenía ese país en la década del ’90, es que en los últimos seis meses no murió ni una sola mujer como consecuencia de un aborto realizado en condiciones clandestinas, y por  tanto inseguras ni tampoco fueron reportadas complicaciones por abortos mal realizados en las instituciones de salud del país.

Desde diciembre del 2012, fueron realizados en el país vecino 2550 abortos, a un promedio de 426 por mes y 14 por día. Fueron realizados tanto en instituciones privadas (60%) como públicas (40%); y el 63% en Montevideo y el 37% en el resto del país. El 72% de estas mujeres tenía más de 20 años y un 15% eran adolescentes.  Entre el 6% y el 10% de las personas que consultaron decidieron seguir el embarazo y más del 50% adoptó un método de anticoncepción luego de realizado el aborto.

Reducción mortalidaddest2aburug

La tasa de mortalidad de mujeres gestantes era en Uruguay de entre el 20 y el 40 –cada cien mil nacidas/os vivas/os- en los años ’90, el país ocupaba el 6to mejor lugar entre las naciones americanas –después de Canadá, Estados Unidos, Bahamas, Costa Rica y Cuba (todos países en los que la interrupción del embarazo está totalmente legalizada o tiene algún grado de despenalización). Muy lejos estaban países como Argentina, Guyana y Nicaragua –con tasas altas: de entre 60 a 150 muertes de mujeres gestantes cada cien mil niñas y niños nacidas/os vivas/os- o Ecuador, Haití y Paraguay, con índices superiores a 160.

Aún dentro de estos índices moderados, el porcentaje de incidencia en los mismos de las muertes que se producían como consecuencia de la clandestinización e inseguridad del aborto eran altas: el 29% del indicador de mortalidad de mujeres gestantes se lo llevaba esta causa. Frente a esta situación, y a un pico de casos de abortos clandestinos que terminaron por su gravedad en la Maternidad Pereyra Rosell de Montevideo –de la que Briozzo era médico- fue que se diseñaron y comenzaron a implementar en el año 2003 en ese país las ISCAPCR. Con estas medidas se logró reducir a 9 el indicador de muertes de mujeres gestantes. Además de brindar información sobre aborto medicamentoso, las ISCAPCR permitieron, entre otras cosas, quitar el estigma sobre el aborto y la salud sexual y reproductiva y comenzar a hablar sobre anticoncepción y planificación de la vida reproductiva.

Estas políticas ubican hoy a Uruguay como un país de avanzada en derechos sexuales y reproductivos en la región. Es la única nación que ya redujo el 70% los índices de mortalidad de mujeres gestantes de acuerdo al compromiso asumido por todas las naciones del mundo en el año 2000 cuando firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (y que serán revisadas en el 2015), de acuerdo a un informe del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citado en la presentación que hizo Briozzo hace pocos días en Uruguay.

Honduras, Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil y Nicaragua  son otros de los países de la región que quizá lleguen a reducir el 70% de este índice para el 2015. Argentina, en cambio, forma parte de las naciones de la región que no lograrán reducir este indicador de enorme vulnerabilidad de la salud de las mujeres. 

DESCARGAR INFORME IVE URUGUAY

 

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