“Sólo un Estado laico garantiza los derechos de las mujeres, y Salta está muy lejos de eso”

Salta viene dando sostenidamente la nota en un arraigado conservadurismo que limita seriamente los derechos de las mujeres. Tienen el protocolo de aborto no punible más restrictivo de todos los realizados en el país, un fallo de la Corte Suprema de la Justicia que lo convalida, y otro fallo del mismo organismo que dice que es constitucional la enseñanza de educación religiosa católica en las escuelas públicas. Ahora, un juez de primera instancia dictaminó que una nena de 14 años violada reiteradamente por su padrastro no puede acceder al aborto no punible que garantiza el Código Penal desde 1921 para esos casos. La abogada Graciela Abutt Carol –defensora de la nena- analiza en esta entrevista la ausencia de perspectiva de derechos en el Estado de su provincia.

COMUNICAR IGUALDAD- Graciela Abutt Carol es abogada y salteña. Está interviniendo en la protección de derechos de una nena de 14 años que era violada desde el año 2012 por su padrastro, en noviembre se le descubrió un embarazo producto de esas reiteradas violaciones, y a la que un juez de primera instancia (Victor Soria) – a partir de la intervención de la Asesora de Menores e Incapaces (Claudia Flores Larsen)- le negó el aborto permitido por el Código Penal de 1921 y ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo del 2012.

Junto a Mónica Menini, Abutt Carol está realizando la representación jurídica de la nena, acompañadas por todo el movimiento de mujeres de Salta y del resto del país. Luego de conocido el caso, a comienzos de esta semana, numerosas organizaciones y personas (CONSAVIG, INADI, Cecilia Merchán, Alianza Nacional de Abogadas por los Derechos de las Mujeres, Multisectorial de Mujeres de Salta, CLADEM, Red PAR, entre otras) manifestaron su repudio a la actitud del juez que desconoce no sólo el Código Penal y un fallo del máximo tribunal del país, sino a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la misma provincia de Salta que, en junio de este año –y en un fallo ya cuestionado por su conservadurismo– convalidó un protocolo de aborto no punible provincial restrictivo en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la siguiente entrevista, Abutt Carol analiza el rol de la justicia y el poder política de su provincia, históricamente conservadores, y cómo su accionar vulnera particularmente los derechos de las mujeres.

¿Cómo se enmarca este caso en el contexto del cumplimiento/incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible en Salta? Antes de este caso, ¿la provincia estaba cumpliendo con la implementación de abortos no punibles que indica el Código Penal y ese fallo en particular? 

Sin duda, es un caso paradigmático del incumplimiento de las directivas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación enunció en el caso FAL: dilaciones innecesarias en el sistema público de salud; el acoso de un equipo multidisciplinario integrado de sacerdotes y voluntarias presionando para otorgar el niño/a en adopción; una ilegítima intervención del poder judicial a través de la asesora de Incapaces Flores Larsen, que se arrogó la representación del por nacer con el  objeto de frustrar la decisión de la niña; y finalmente la sentencia del juez  Soria prohibiendo que se efectúe la práctica de aborto no punible. Estas barreras insuperables dejan en evidencia que en Salta el acceso a la interrupción legal del embarazo todavía está negado, a pesar del decreto provincial y el protocolo que se suponen se dictaron para allanar el camino a las mujeres que lo requieran.

La actitud asumida por la defensora y el juez, ¿creés que son aisladas o son representativas de la justicia de Salta? Lo pregunto pensando en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de mitad de año que convalidó el protocolo provincial, que es de los más restrictivos aprobados en el país.

No temo ser categórica al afirmar que las actitudes de la Asesora y del Juez son  representativas de la composición ideológica del poder Judicial salteño. Tiene sus excepciones, pero son unas pocas. Lo que digo se evidencia en que,  si se exploran las decisiones judiciales locales, se  descubre que hay un núcleo reaccionario instalado muy potente,  poco permeable, generado y alimentado desde el Poder Ejecutivo. Me animo a señalar que se genera un activismo religioso que adopta la forma de estrategias jurídicas tendientes a imponer sus valores. Prueba de ello son las fundamentaciones dadas en el fallo contra la libertad religiosa en las escuelas públicas o las resoluciones referentes a derechos sexuales y reproductivos, todas recibidas con beneplácito por el gobernador de la provincia. El fallo que decide la constitucionalidad del Decreto que regula los abortos no punibles en la provincia, es una muestra de mi afirmación. No sólo legitima las restricciones ilegales que contiene la normativa,  sino que va más allá y subvierte el paradigma que debe guiar la construcción de los dispositivos legales en estos temas: otorga preeminencia al aspecto punitivo destinando las normas a un “control de legalidad”, en lugar de privilegiar el respeto y la protección de los derechos de las mujeres. La Corte provincial invierte el esquema constitucional y ubica a las mujeres en una zona de sospecha, considerándolas peligrosas o incapaces y/o sujetas capaces de incurrir en delitos, distorsionando el fin que la norma debería perseguir, que es la protección de la salud y la vida de las mujeres. Hay un punto interesante a destacar: en ninguna línea de los obiter dictum, los jueces hacen referencia  a derecho alguno de las mujeres, invisibilizandolas por completo, olvidando que se trataba del resguardo de los derechos de las víctimas de abuso sexual. 

En relación al fallo de la Corte Suprema Provincial de mitad de año, esta sentencia de primera instancia del juez es aún más conservadora, pero además no la reconoce. ¿Cómo hay que interpretar que un juez se sienta con derecho a no reconocer jurisprudencia reciente de su propia provincia? ¿El juez está expresando la mirada de sectores aún más conservadores que la propia Corte Suprema provincial? 

La interpretación que hago al respecto, es que el juez está incurso en prevaricato. En su sentencia desafía al orden institucional, desconociendo normas y jurisprudencia local, nacional y regional, en pos de imponer sus principios dogmáticos. El juez proyecta entonces una Salta precaria, rechazando el orden federal, despreciando los derechos humanos y privilegiando de manera autoritaria sus valores personales a los derechos de una niña. En estos casos, se hace ineludible el juicio político y debemos extenderlo a la Asesora que prefirió desentenderse de la vida de la niña.

Salta viene dando la nota en la resistencia a la democratización de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres. No sólo en relación al aborto sino también en educación religiosa. ¿Cuán permeado creés que está el Estado provincial de esta mirada conservadora y qué posibilidades y estrategias ves de democratización del Estado?

A pesar de que existe un Ministerio de Derechos Humanos en Salta, el avance en los derechos de las mujeres es escaso y  la tarea por su reconocimiento, ardua. El conservadurismo enquistado en los poderes del Estado, niega la pluralidad, la diversidad existente en la provincia, sobre todo la religiosa, lo que afecta de modo especial a las mujeres. Sin ir más lejos, en la sentencia contra la libertad religiosa en las escuelas públicas, la Corte salteña no sólo fabricó una absurda fundamentación teológica del poder estatal, sino que  derivó la obligatoriedad de la catequesis estatal de la hegemonía religiosa y política, rechazando la idea de que la justicia debe intervenir para proteger los derechos de las minorías. En este sentido, debemos tener en claro que garantizar los derechos de las mujeres sólo es posible en un Estado plural, laico, democrático e igualitario, del cual la provincia de Salta está muy lejos.  Allí está enfocada la lucha de los movimientos de mujeres.

 

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