Pretenden impedir el derecho al aborto no punible en Tucumán

Desde distintos sectores conservadores de la sociedad tucumana se está atacando la implementación de los abortos no punibles acorde a lo que dicta el Código Penal Argentino desde 1921 y el fallo del 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las y los especialistas comprometidas/os en cumplir con lo que indica la ley reclaman que el Estado provincial adhiera a la Guía Nacional de Abortos Punibles de forma de evitar la clandestinización de la práctica y la persecución de los equipos médicos.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD-Esto es un claro gesto de amedrentramiento hacia quienes estamos implementando los abortos no punibles. Son medidas de efecto mediático. Necesitamos con urgencia que en la provincia se adhiera a la Guía Nacional de Aborto No Punible para estar más protegidos. Porque lo que generan este tipo de prácticas es que se reedite el fantasma de la ilegalidad y que las mujeres no se animen a reclamar sus derechos” señala a COMUNICAR IGUALDAD una integrante de los equipos médicos de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes,  de Tucumán.

La institución es la única de la provincia en condiciones de realizar abortos no punibles y vienen haciéndolos desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo del 2012, que definió los alcances del artículo 86 del Código Penal que desde 1921 incluye la posibilidad de realización de abortos llamados “no punibles” en determinados casos.

dest1tucumanDesde marzo del 2012, y al igual que en otras provincias del norte de el país en las que los sectores conservadores son muy influyentes, en Tucumán se realizaron abortos no punibles acorde al fallo pero evitando la trascendencia pública. Sin embargo, pocas semanas atrás, el diario provincial conservador La Gaceta difundió la realización de esta práctica a una nena de 11 años que había sido víctima de violación por parte del padre. A partir de la difusión del caso, los sectores conservadores –que integran casi todos los partidos políticos- hicieron presentaciones en la justicia y en la Legislatura para impedir que las mujeres  sigan accediendo a este derecho.

El primero fue el apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza (h), que presentó una denuncia penal al equipo médico de la Maternidad que intervino en el caso para que sus integrantes sean investigados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario/a público/a. Luego, la legisladora de la UCR Silvia Elías de Pérez, presentó una medida cautelar en la justicia para frenar la realización de abortos no punibles.

En la Legislatura provincial, fueron presentados nuevamente hasta el momento dos proyectos que habían perdido estado parlamentario. La misma Elías de Pérez volvió a ingresar un proyecto de prohibición de aplicación de cualquier protocolo para la interrupción del embarazo bajo la sola petición de la gestante.  El legislador provincial por la Democracia Cristiana, José Páez, por su parte, presentó también nuevamente una propuesta que establece “la protección de la persona por nacer desde el primer instante de la concepción” y crea un Fondo  Provincial para la Vida para financiar programas de apoyo a “la mujer en situación de conflicto” con su embarazo. El proyecto –similar a uno presentado en Mendoza por el senador provincial Matías Stevanato (integrante del Bloque Justicialista Néstor Kirchner)- establece que los organismos públicos o privados que ofrezcan programas para este tipo de situaciones deberán brindar “el apoyo material y espiritual a la mujer embarazada en situación de conflicto para que acepte y proteja a su hijo” y que “es misión inexcusable de las instituciones que se acojan a la presente ley, procurar que la mujer no interrumpa el proceso gestacional”. Si las mujeres decidieran igual que no quieren tener a sus hijas/os, éstos serán dados en adopción.

El año pasado hubo un tercer proyecto presentado sobre este tema en la Legislatura provincial, del legislador oficialista Marcelo Caponio, que proponía la creación de un protocolo pero muy restrictivo.

Los derechos sexuales y reproductivos en la provincia

Acá no se haba de aborto no punible desde hace un año” dice la abogada Soledad Deza, integrante de la Alianza Nacional de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres. “Hubo una reunión de varios referentes político con el arzobispo y a partir de ahí se dijo que no se haría nada en la provincia y eso es lo que está pasando”.

A pesar de que el gobernador José Alperovich afirmó en abril del 2012 que la provincia de Tucumán acataría el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un mes después un grupo de legisladoras/es se reunión con el arzobispo de la provincia y quedó claro que no habría avances en este tema. El 21 de abril de este año, la legisladora del Frente para la Victoria (FPV)Beatriz Avila, presidenta de la Comisión de Salud, reafirmó esta negativa en una entrevista periodística en la que recordó que durante el 2012 había presentado, junto a un grupo de legisladores/as oficialistas, un proyecto de no realización de los abortos no punibles “porque entiendo que la Constitución Nacional reconoce en forma expresa el sistema de derecho que protegen al niño por nacer desde el embarazo hasta su finalización”.

Esta negativa a acatar el fallo de la Corte se suma a que Tucumán, junto a Formosa, son las únicas dos provincias que no adhirieron a la Ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del 2003.

La posición del Ministerio de Salud de la provincia es, según explican las/os efectoras/es de salud entrevistadas/os por este medio, “ni”. “Dicen que hay que acatar el fallo pero no adhieren a la Guía Técnica de Nación ni sacan un protocolo acorde al fallo de la Corte. Saben que hay que hacer si o si los no punibles, pero al existir esta ambigüedad de la ausencia de protocolo es muy dificultoso, con un alto costo emocional. Con este último caso, entre que la nena llegó y se le práctico el aborto pasó un día y medio, a nosotros nos parecieron 15 días. Mucha gente intervino, muchas personas quedaron expuestas, incluso ella y su familia.  Además muchos médicos se agarran de la ausencia de protocolo para declararse objetores de conciencia, sólo dos personas en todo el servicio no lo son.

Cuando la mamá de la nena comenzó su periplo para lograr que a la hija le practicaran un aborto no punible, desde la Fiscalía fue derivada al Observatorio de la Mujer, un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social donde brindan asistencia a víctimas de violencia de género. La mujer dice que la psicóloga que la atendió consultó con la abogada del servicio y luego le dijo que no había posibilidad de concretar la práctica en la provincia. Descreída de esta negativa, la mama se dirigió a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, donde le realizaron el aborto legal y aún siguen conteniéndolas a ambas emocionalmente. La directora del Observatorio de la Mujer, Susana Noé, negó a COMUNICAR IGUALDAD que la madre de la niña haya pasado por su organismo y cuando se le preguntó su posición en relación a la inexistencia aún de un protocolo en la provincia respondió: “¿Qué, no existe uno a nivel nacional?”.

En relación a los partidos políticos, la militancia pública contra el fallo de la CSJN es transversal: las denuncias judiciales y los proyectos de ley presentados provienen de casi todo el arco político. Las contradicciones dentro de algunos de estos partidos son evidentes. En el caso del Frente para la Victoria –el partido que gobierna la provincia de la mano de Alperovich desde el 2003-, se trata de la misma fuerza que viene ampliando derechos para todos los sectores, incluidas las mujeres, desde hace diez años a nivel nacional. Y, como acabamos de mencionar, el mismo Alperovich afirmó recién conocido el fallo de la CSJN, que la provincia lo acataría.  En cuanto a la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional del Partido resolvió, en agosto del 2012: “apoyar y promover la implementación del fallo de la CSJN en todo el país para contribuir  a la disminución de la Tasa de Mortalidad Materna”.

Respuesta de las organizaciones de mujeres y de género

Las organizaciones que protegen los derechos humanos de las mujeres y de género reaccionaron también en la justicia y ante el Parlamento por los dest2tucuavances conservadores. La Casa de las Mujeres Norma Nassif, liderada por Vicky Disatnik, y patrocinada por las abogadas Soledad Deza y Mariana Álvarez –integrantes de la Alianza de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres- solicitaron el archivo de la denuncia penal presentada por Forenza argumentando que la práctica implementada por el equipo de la Maternidad fue legal. “Aún no tuvimos respuesta del Tribunal. Se están pasando la causa entre el fiscal que la recibió y el que entiende en la violación de la nena” explica Deza.

A su vez, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) hicieron una presentación en la Legislatura por las opiniones que legisladoras y legisladores vienen haciendo a los medios de comunicación, en la que señalaron: “Con sorpresa leímos distintas declaraciones que sostienen que la Constitución consagra la vida desde la concepción y nos sorprende, no porque nuestra norma local no haga esta referencia sino por la ignorancia jurídica que significa leer una norma en forma aislada, sin interpretarla con el plexo de los otros derechos que tienen jerarquía constitucional. En este sentido las mujeres víctimas de violaciones tienen derecho a decidir practicarse o no un aborto, ni un culto religioso ni la sociedad puede exigir a una persona “sacrificios” que signifiquen vulnerar su dignidad, de lo contrario el derecho estaría imponiendo principios inadmisibles en un estado laico, lo que además importaría ejercicio de violencia contra las mujeres”.

Las denuncias judiciales y los proyectos de ley presentadas  son una muestra evidente de hasta qué punto se intenta hacer política con los derechos de las mujeres –señala Deza-. ¿Qué seriedad merece acudir al Poder Judicial para que avale cosmovisiones personales por sobre derechos vigentes? ¿Cuál es la legitimidad institucional de este tipo de estrategias políticas que desprecian la ley? Detrás de toda esta resistencia política y social en torno al aborto no punible, creo que se ocultan otras cuestiones más profundas que tienen que ver con los consensos morales propios de en un Estado Laico que se reflejan en el art. 86 inc. 1) y 2) del Código Penal. Somos un Estado Laico y Tucumán no es una isla. Declinar la maternidad nunca ha sido un derecho fácil de legitimar dentro de una sociedad que prestigia el rol reproductor como natural en la mujer. Este estereotipo sexista que sobrevalua el maternaje como destino y pretende imponer el embarazo forzado en pos de preservar creencias personales de unos pocos (o unos muchos), es el que subyace en la sociedad que condena y los poderes políticos que intentan sistemáticamente desconocer que en todo el territorio argentino desde 1921, llevar a término el embarazo producto de una violación: es una elección, no una obligación.”

Foto: Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto manifiestan su apoyo al equipo médico de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes.

 

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