La realización de abortos no punibles sigue avanzado en las provincias

A punto de cumplirse un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio un marco legal para el cumplimiento de los abortos no punibles previstos por el Código Penal desde 1921, 13 provincias obedecieron completa o parcialmente el fallo y 10 aún no, en parte impedidas por la presión de los sectores fundamentalistas. Sin embargo, la aceptación formal del fallo no está siendo un obstáculo para la realización de abortos no punibles en todo el país, tal como constata una investigación de COMUNICAR IGUALDAD. 

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD Los abortos no punibles (ANP) están garantizados para las mujeres argentinas en el Código Penal (CP) desde 1921, sin embargo nunca se cumplieron. Según el artículo 86 del CP, el aborto está permitido en dos causales: inciso 1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; inciso 2) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Debido a las variadas posibilidades de interpretación del inciso 2, y al caso F.A.L. –resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en el 2010 y luego apelado-, en marzo del 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) falló sobre la correcta interpretación de este inciso, abriendo con ello la puerta de un potente proceso político de reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud reproductiva. A la vez que acabó con la histórica discusión sobre el alcance del inciso 2 del artículo 86, el fallo sentó las bases para el correcto abordaje desde el sistema de salud de los abortos no punibles en general. En ese sentido, un aspecto importante del fallo es el que exhorta “a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”. Es decir que, a partir de este fallo a nivel nacional, las provincias debían adecuar su normativa interna para que las mujeres puedan acceder al derecho garantizado por el mismo.

Para que los abortos no punibles sean posibles en un marco garantista de los derechos humanos, el fallo de la CSJN estableció que:

–          No se requiera autorización judicial, ni denuncia policial previa para realizar el mismo y que el único requisito sea una declaración jurada de la mujer; y que se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria.

–          Que se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen la atención.

–          Que se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados

–          Que se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir entre el/la profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto.

–          Que se disponga un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia; que la objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente; y que las instituciones de salud cuenten con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual, es decir que exista más personal dispuesto a realizar los ANP.

–          Que se sancione a los/as profesionales que dificulten o impidan el acceso a los ANP.

–          Que se brinde a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva.

–          Que se asegure la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito.

–          Que se asegure la asistencia psicológica inmediata y prolongada de la víctima.

–          Que se asegure el asesoramiento legal del caso.

¿Qué está sucediendo en las provincias?

Según la investigación que acaba de publicar la ADC, la situación de los protocolos en este momento en el país se divide entre, por un lado, las provincias que obedecieron el fallo de la CSJN, o porque adoptaron la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007 y actualizada en el 2010 ), que son Santa Fé, Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego o porque, como en el caso de Chubut, elaboraron un protocolo propio acorde a la Guía Nacional. Luego están las provincias que obedecieron parcialmente el fallo de la CSJN, es decir que aprobaron un protocolo que no cumple con todos los estándares garantistas fijados por la Corte: Salta, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén (en este último caso, la provincia adoptó la Guía Nacional pero en su versión 2007, es decir no la actualizó). Y por último, están las jurisdicciones que aún no obedecieron el fallo de la CSJN: Mendoza, San Luis, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan. En síntesis: 5 obedecieron el fallo, 8 lo obedecieron parcialmente y 10 no lo obedecieron. Aunque no es igual la situación en cada una, principalmente por densidad poblacional, el requerimiento de ANP.

La diversidad de situaciones tiene íntima relación con el correlato de fuerzas conservadoras-democráticas en cada región. Los poderes ejecutivos varían desde aquellos en los que los gobiernos se comprometieron con la sanción de protocolos y están haciendo frente a embates judiciales por parte de los sectores conservadores -como Córdoba-, hasta otras en las que asumieron ellos mismos las posiciones conservadoras –como Salta o Entre Rios- y, por último, hay gestiones en las que la misma administración pública está dividida en sus opiniones -como Mendoza-. En este contexto, la presión de los sectores fundamentalistas para que el fallo no se cumpla se está dando en los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pero también en los medios de comunicación y en las calles. Hay provincias, como Córdoba o Mendoza, en las que en los últimos meses las manifestaciones conservadoras se hicieron presentes en forma constante en plazas y edificios públicos.

En septiembre del 2012 publicamos en COMUNICAR IGUALDAD una primera nota de balance del cumplimiento del fallo en las provincias, en base a una investigación realizada por Mercedes Cavallo y Roberto Amette -integrantes de la Asociación por los Derechos Civiles- y a datos recogidos por esta agencia. Ahora actualizamos ese estado de situación, en base nuevamente a otro informe de Cavallo y Amette y a fuentes propias.

Notas relacionadas:

Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y CABA: judicializadas. 

Entre Ríos, Salta y La Pampa: las más conservadoras

Corrientes, Mendoza y San Luis: donde más cuesta

Avances en Neuquén, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero y Buenos Aires

 

 

1 Comentario

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