Hasta dónde se puede apelar a la objeción de conciencia

Frente a la obligación de implementar los abortos legales sin dilaciones, tal como manda el fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo del 2012, en varios hospitales del país los equipos médicos están haciendo abuso de la objeción de conciencia, una figura jurídica prevista por ese fallo pero objetada desde las organizaciones de mujeres por haber sido una concesión al patriarcado. Rafaela, Rosario y Tandil son algunas de las ciudades donde hubo o hay hospitales cuyos equipos completos se declararon objetores, algo expresamente negado por el fallo de la CSJN, que afirma que el derecho debe ser siempre garantizado en la institución pública a la que la mujer recurra.

Por Sarah Babikeroc

COMUNICAR IGUALDAD- El pasado 28 de mayo, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se publicó el Registro de Objetores de Conciencia de la provincia de Santa Fe, el primer esfuerzo de este tipo en el país. La situación del hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde casi la totalidad del servicio de tocoginecología se declaró objetor, ocupó portadas locales y saltó a los medios nacionales. Su director, el doctor Roberto Vitaloni, manifestó su malestar porque se hicieran públicos los nombres de los objetores a quienes definió como “defensores de la vida”, y si bien concedió que se haría lo establecido por la ley, reiteró su desacuerdo con la misma. Las autoridades santafesinas, y en particular el director de Políticas de Género e Interculturalidades del Ministerio de Salud provincial, Daniel Tepazz, hicieron pública su preocupación por la situación en Rafaela, anunciando próximos movimientos para garantizar la atención de las mujeres en el único hospital público de la ciudad.

El conocido como fallo F.A.L del 2012, con el que el que la Corte Suprema de Justicia de Argentina se pronunció sobre la no punibilidad de la interrupción del embarazo, fue celebrado por desjudicializar los casos de ANP, y clarificar el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal concediendo que cualquier víctima de violación (y no solo las que sufran algún tipo de incapacidad psíquica) podría interrumpir legalmente su embarazo. También se pronunció sobre la posibilidad de las y los profesionales de negarse a interrumpir un embarazo  “…deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio” dice el fallo al respecto.

Me parece importante recalcar queno existe un derecho constitucional a la objeción de conciencia. Existe el derecho fundamental de profesar libremente un culto que está contemplado en el art. 14 de la Constitución Nacional y la objeción, ha funcionado históricamente como una herramienta para proteger a minorías atribuladas” señala la abogada tucumana Soledad Deza, autora del capítulo sobre objeción de conciencia del libro Jaque a la reina, publicado dos meses atrás por Editorial Cienflores. Por su parte la doctora de Chubut Stella Maris Manzano, cuya tesis doctoral se centra en la objeción de conciencia, destaca que “en Argentina todas las leyes que deberían garantizar los derechos sexuales y no reproductivos, contienen artículos que permiten la objeción de conciencia. Y son las únicas leyes que permiten tal cosa, como que alguien no respete un derecho humano por “motivos de conciencia”.

oc2El caso de Rafaela se da en una provincia donde “el gobierno provincial, por medio de la Resolución Nº 612 del Ministerio de Salud, adhirió y adoptó la Guía Técnica para la atención integral de los Abortos no punibles del Programa Nacional de Salud sexual y Procreación Responsable nos recuerda la abogada Mabel Gabarra, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien matiza que aún así “no se puede decir que en Santa Fe las mujeres tienen garantizado el aborto no punible (ANP), porque no es la misma situación la de Rosario con otras ciudades de la provincia, y tampoco son iguales lxs médicxs que atienden en todos los hospitales públicos”. De unas 10000 personas efectoras de salud, 400 se anotaron como objetoras, siendo aceptados solo el 39% de los casos según los datos que se facilitaron en la presentación del registro, “con lo cual todxs los demás estarían obligadxs a brindar el servicio, sin embargo…es difícil evaluarlo”, afirma Gabarra.

Por su parte, Laura Charro –integrante de la organización social Mumalá- afirma que “sabemos que aun hay mucha falta de información por parte de lxs médicxs que  no tienen del todo claro en qué casos pueden realizar ANP y estar amparados por la ley. Sabemos, y esto por comentarios que nos hacen médicxs amigxs de hospitales públicos, que muchxs son objetorxs por falta de información/capacitación más que por ideología. Hay muchos miedos a la hora de realizar el protocolo vigente por falta de información por parte del propio estado provincial”.

Ocurre que en mayor o menor grado, los servicios de atención sanitaria están ‘copados’ por personal objetor que, sin haber superado ningún test respecto de la autenticidad de su creencia, sin haber justificado de ninguna forma la interferencia que esta práctica le ocasiona a su libertad de culto, y sin haber sido autorizado institucionalmente para ello, se encuentra moral y legalmente liberado de brindar este tipo de asistencia sanitaria” apunta Deza.

Desde el Area de Derechos Sexuales y Reproductivos del Consejo Nacional de Mujeres (CNM) nos relatan que “las provincias que cuentan con protocolo (ya sea por haber adherido a la Guía Nacional para la Atención Integral de los Abortos no Punible, o por haber dictado su propio protocolo provincial) constituyen dos tercios del total de las jurisdicciones. En general en todos los casos se establece la obligatoriedad institucional de garantizar el servicio más allá de las objeciones de conciencia individuales que puedan plantearse y en caso de que todo el personal se declare objetor se prevé la notificación a la autoridad de salud provincial a fin de que arbitre los medios necesarios para proveer la atención inmediata de los casos de ANP”.

Mientras que el CNM destaca positivamente el caso de Santa Fe, por la creación del Registro de Objetores de Conciencia, señala que “en el otro extremo, está la situación de la oc3CABA en la que el médico puede declararse objetor en cada caso particular en que le toca intervenir, lo cual puede llegar a dificultar el acceso a la práctica de ANP. La Resolución 1252/12- que dicta el accionar en la CABA- cuenta ya con varias declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la justicia local, por lo cual es de prever que la situación normativa sea modificada en algún momento” concluyen.

No sólo se señala a CABA.  En Tandil, las organizaciones de mujeres presionan para resolver la situación del Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde los ocho médicos del servicio de ginecología son objetores, según le fue comunicado al Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de la ciudad, en una reunión con el director del hospital Víctor Messina el pasado 6 de junio, donde les informaron que en caso de aparecer una situación de ANP la derivarían a Mar del Plata.

Las participantes en la reunión mostraron preocupación asimismo por la existencia de un Comité de Ética para evaluar casos de ANP por riesgo de vida de la madre. La organización se esfuerza por recabar estadísticas de los casos de mujeres que ingresan con complicaciones post-abortos ilegales, casos que las autoridades afirmaron que el hospital atendía. A la vez, el caso de Moreno motivó que el Ministerio de Justicia de la Provincia empezara a hacer capacitaciones sobre ANP, de las que tomará parte el personal del Ramón Santamarina.

oc4Objetar la objeción

No todas las provincias han legislado sobre el registro de objetores y las experiencias son diversas” recuerdan desde el CNM. “Apuntamos a democratizar este tipo de información para todas las mujeres del territorio con la finalidad de que tengan herramientas e información vigente respecto del acceso a los derechos sexuales y reproductivos así como las dilaciones, omisiones y respuestas que son consideradas inadecuadas y vulneradoras de derechos en el marco de la legislación actual de nuestro país”.

Sin embargo, el debate no se agota en la necesidad de acceder a la información necesaria sobre los médicos o prever que la objeción de conciencia no dificulte los ANP. El mismo concepto de objeción de conciencia en esto es controversial.“La objeción de conciencia permite al personal de salud colocar su ‘moralidad’ por encima de los derechos humanos de las mujeres, sin interpelarnos a pensar qué tiene de moral juzgar la sexualidad de otra persona, o negarle su derecho a la salud, la vida, y la autonomía” expresa Manzano.

Por su parte, Soledad Deza destaca que en el fallo F.A.L la Corte modificó, sin dar justificación, el patrón según el cual venía actuando (tratamiento de la objeción de conciencia sólo para casos planteados judicialmente de manera formal) y terminó, en los hechos, propiciando que lo que históricamente funcionó como excepción, se convierta en una regla. Deza reflexiona: “En general, los derechos sexuales y reproductivos que interpelan el mandato de maternidad como destino, despiertan fuertes resistencias en sectores conservadores y entiendo que el cambio de lógica, posiblemente, tuvo en miras dejar a todos/as contentos/as: a las mujeres porque se les reconocía que no debían ser idiotas o dementes para interrumpir una gestación forzada, al gobierno nacional porque devolvía a las provincias una cuestión de acceso a la salud que es competencia territorial suya, y a los sectores más recalcitrantes porque les abrió, sin que nadie llame a la puerta, el camino de la objeción como herramienta para vaciar de contenido la misma política que exhortaba a los estados provinciales a garantizar”.

Notas relacionadas:

“El Estado preserva la libertad de conciencia de la parte fuerte de la relación y no protege la libertad reproductiva de sus mujeres”

“La objeción de conciencia es una acción discriminatoria”

Los sectores antiderechos se organizan

 

4 Comentarios

  1. Patricia Muñoz:

    Que me disculpe Sarah Babiker (¿alguien sabe quién es?…) Pero esta nota demuestra una supina e infame ignorancia del derecho. Si es abogada, merece que le quiten la matrícula ya mismo. Si no lo es, no tiene autoridad (ni conocimientos) para opinar de la materia. Afirmar que existe una “obligación de implementar los abortos legales sin dilaciones, tal como manda el fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo del 2012” es, simplemente, ser bruto: UN FALLO DE LA CORTE NO OBLIGA NI PUEDE OBLIGAR A NADIE, sólo es eficaz para las partes que intervinieron en el caso, que además resultó abstracto porque cuando los jueces fallaron, el aborto ya estaba hecho.

    • Comunicar Igualdad:

      Patricia, Sarah Babiker es periodista de este espacio. Si bien es cierto que el fallo no “obliga” estrictamente en la medida en que no hay sanción por su no cumplimiento, sí marca una política pública que debería ser acatada.

  2. Valeria Diaz:

    Muy interesante la nota pero tan mal escrita! Cambiar la letra “X” por las letras A o la O, es una grave falta ortográfica.

    • Comunicar Igualdad:

      Hola Valeria, no está mal escrita! Es una estrategia de incidencia feminista sobre el lenguaje!

Post a Comment

*
* (will not be published)