Falso SAP: violencia institucional y mucho más

Una vez más desde COMUNICAR IGUALDAD retomamos el tema del falso síndrome de alienación parental. Para desmontar, con argumentos y cifras, una de las formas de violencia institucional más invisibilizadas que están atravesando en este momento muchas mujeres, acusadas en los juzgados de manipular a hijas e hijos en medio de divorcios con altas dosis de violencia y en muchos casos de abuso sexual hacia niñas y niños. Radiografía de un problema que reclama agenda.

Por Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Desde hace un tiempo comenzaron a resonar historias desgarradoras denunciando cómo la justicia argentina ningunea los testimonios de niños y niñas que sufren maltratos o violencia sexual por creerlos elucubrados por mujeres que tienen como solo fin alejar a los padres y sacarles plata.

El Congreso se hizo eco y rechazó con dos dictámenes la aplicación del seudo Síndrome de Alienación Parental y su terapia en los procesos judiciales de familia. Sin embargo, el SAP es un instrumento más de un Poder Judicial que trabaja a rajatabla para invisibilizar los abusos y mantener, a como dé lugar, el orden social establecido. Radiografía de un laberinto de mitos y matufias disfrazadas de legalidad.

1- Tema de pobres

El maltrato infantil es una realidad que se desparrama salpicando a todos los sectores sociales, en la Argentina y en el mundo. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que cada año mueren por homicidio 34.000 menores de 15 años y aproximadamente un 20% de las mujeres del planeta manifiestan haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. Por su parte, UNICEF señala que en América latina y en el Caribe entre el 70% y el 80% de las víctimas de violencia sexual son niñas, que en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas partes son familiares directos. En nuestro país carecemos a la fecha de registros estadísticos oficiales.

Hablamos, entonces, de una aberración que se practica sin distinción económica, de credo, color, nacionalidad o afiliación política. Pero esta igualdad se termina cuando alguien se anima a denunciar lo aberrante, porque como dice Eduardo Galeno: “La justicia es como las serpientes… sólo muerde a los descalzos”.

Si sos de clase social baja y sin recursos el sistema funciona. El tema es cuando estos casos se dan en las clases medias y altas, porque de eso no se habla. Es políticamente incorrecta la violencia. Te preguntan ‘¿Pero cómo puede ser? Si el señor es divino, director de un banco, dueño de una empresa… ’ Es decir, a mayor nivel socioeconómico y cultural mayor desprotección”, dice P., una mamá que desde 2009 lucha contra una (in)justicia obstinada en revincular a sus tres hijas con el papá que las abusó física, psicológica y sexualmente. 

Virginia Berlinerblau habla desde su experiencia como médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil y forense de la Justicia Nacional: “Es tranquilizador pensar que los abusadores son personas identificables y perversas, cuando comúnmente los agresores sexuales son varones adultos heterosexuales, sin patología manifiesta, integrados en la sociedad que circulan entre nosotros sin que podamos reconocerlos”.

Para que este circo funcione existe, además, un elenco estable de abogados/as ansiosos/as por defender abusadores con una misma estrategia: descreer del relato del niño o la niña. “Es un gran negocio patrocinar a los violentos cuando hay dinero y poder, por eso los estudios más grandes, los más preparados, los asesoran a ellos”, explica Graciela Jofre, jueza de paz en Villa Gesell.

Integrantes de la ONG Súmate Basta de Abusos armaron un “Registro de operadores SAP”, en el que acumularon los nombres de estos letrados funcionales: Alejandro Molina, Hugo Morriello, Claudia Bosso, Cristina Pibida y Maximiliano Camus, figuran junto con otros formados en la ex Fundación Retoño creada por el ex juez civil Eduardo José Cárdenas.

2- Las madres buscan sacar plata

Yo soy economista y sin embargo pido que alguien me cuente cuál es el negocio de denunciar a tu ex por abuso porque me lo perdí. Es más, perdí toda la plata”, se queja P. mientras enumera una larga y abultada lista de ítems que cumplen con volver fangoso el camino a la Justicia.

a) La primera represalia del denunciado es cortar con la cuota alimentaria. Y existen estudios empíricos que señalan la relación entre la incidencia de este no pago con la pobreza en la que se encuentran las familias.

b) La defensa particular aparece como la única opción si quien denuncia tiene trabajo y puede demostrar algún ingreso o bien. Para el resto se cuenta con la defensoría oficial. En este marco, Jofre señala: “Los adultos sin posibilidades económicas que protegen a las criaturas víctimas de estos delitos tienen que conformarse con defensas oficiales y con suerte caen en personas capacitadas y con sensibilidad humana. Muchas veces como no hay dinero no hay interés”.

c) El patrocinio particular se divide en dos: por un lado, para la denuncia civil se necesitan alrededor de $12.000 como anticipo y luego lo que se conoce como un fee mensual (o cuotas) de entre cuatro mil y cinco mil pesos. Estos números reflejan un promedio y sirven sólo para sentarse a hablar porque, ojo al piojo, en caso de obtenerse acuerdo u otro modo de finalización del proceso los cachet “se vuelven a determinar”.

d) Al derecho penal, en cambio, parece no haber llegado aún la pesificación y entonces, en general, la charla es en dólares. Así, los diagramas de honorarios suelen comenzar con un pago inicial de U$S 10.000 solo para estudiar y analizar la causa y elaborar escritos.

e) Los peritos de parte, necesarios para poder tener control sobre la producción de pruebas al constituirse como querellante, cobran por pericia alrededor de 15 mil pesos.

f) Si todavía se tienen fuerzas (y ahorros) para seguir avanzando en el proceso, el pago de acceso a la Corte Provincial en queja por denegación de recurso extraordinario es de 15 mil pesos. Y por las particularidades que tiene, la redacción de un escrito a la Corte Suprema puede llegar a los 60 mil pesos.

g) Agotadas las instancias nacionales, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede pagarse entre cinco mil o seis mil dólares.

h) Y no hay que olvidarse en el punteo de la imprescindible terapia psicológica para la niña o el niño que sufrió el abuso con profesionales especialmente capacitados. Cada sesión puede rondar los $500.

Hace rato que la suma dejó fuera de carrera a miles de mujeres. Así lo vive P.: “A mí el Estado no me da los instrumentos para poder defender a mis hijas, entonces que no pidan que denunciemos porque muchas no tienen la posibilidad de buscar Justicia”.

3- Ante todo, denunciar

Las condenas por maltrato e incesto son infrecuentes y no alcanzan el 1% de las denuncias. El juez federal Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y un histórico paladín en la lucha contra el SAP, lo explica con el rigor de la matemática: Normalmente en Argentina se esclarece el dos o tres por ciento de los hechos delictivos que suceden. Si se tiene en cuenta que no llegan a denunciarse más del 10% de los casos de abuso infantil, la proporción es geométrica: cada mil abusos se esclarece uno y los otros 999 quedan impunes. Esto da la pauta de la magnitud de la impunidad”. 

Las cifras duelen, sobre todo si las sabemos liberadas de castigo. Pero ¿qué sigue después de arengar a noticiar sobre el delito? En la desesperación, las madres salen corriendo a denunciar a la comisaría, pero si después no se prueba el delito —y es claro el trabajo de hormiga que se hace para desestimar los relatos de las criaturas—la justicia acciona contra ellas sacándoles a sus hijos por falsa denuncia, por daños y perjuicios. Existe una campaña muy fuerte diciendo que ante el abuso denuncies, pero nadie te avisa que el día después te vas a quedar en pampa y la vía con un sistema que va a hacer todo lo posible por atacarte, doblegarte y paralizarte”, plantea P.

He aquí, entonces, la primera trampa importante de sortear: ante la sospecha de abuso, lo conveniente es solicitar una evaluación a un/a médico/a o psicólogo/a estatal y recién con ese informe psico-diagnóstico acercarse al Juzgado, porque ante la posible comisión de un delito el deber  de cualquier funcionario público es remitir actuaciones. Así, la primera piedra la tiró un juez —y se conoce la anuencia corporativa de no pisarse la toga— y las madres quedan protegidas del dedo que las acusa de iniciar falsas denuncias.

4- La Sagrada Familia

Otra de las ficciones que se vive durante un proceso judicial por maltrato infantil tiene que ver con los caminos paralelos entre el ámbito penal y civil. Porque mientras se investiga el delito penal la suspensión (o no) del régimen de visitas entre víctima y denunciado queda a criterio del/la magistrado/a, y en civil lo que suele primar es el intento por reconstruir la familia considerando que “hasta que no haya condena el señor es el papá”.

Entonces no hay salida: porque si la madre no cumple con las terapias de interacción la procesan por desacato e impedimento de contacto (Ley 24.270 más conocida como Ley Apadeshi, porque fue impulsada por la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos: una entidad que agrupa a muchos varones denunciados por violencia y abuso sexual), pero si accede a que su hijo o hija se revincule con el supuesto abusador le restan credibilidad en el fuero penal. “¿En qué quedamos señora, lo acusa de violencia pero lleva al crío a hacer terapia con él?

Andrea Karina Vázquez fue procesada y su causa elevada a juicio por infracción a la 24270 mientras denunciaba a su ex marido por abuso, violencia física y maltrato de sus hijos de 3, 10 y 11 años. Ordenaron revincularme en dos lugares con horarios superpuestos. Tenía que estar en la comisaría 1era de Adrogué y en una institución extramuros al mismo tiempo. Obviamente no podía y por eso me armaron los incumplimientos. Recién en el juicio, más de un año después, pude demostrar mi inocencia y ser sobreseída”, recuerda Vázquez. Sin embargo los chicos no pudieron volver a casa con su mamá y desde octubre de 2012 solo pasaron juntos cuatro ratos en un shopping, custodiados por policía armada y uniformada.

 “Si bien es cierto que en penal rige el principio de inocencia, ése no debería ser el barómetro en la justicia civil. En derecho penal, la conducta que se investiga tiene que caber en un molde en forma perfecta para que sea delito. Ahora, en el fuero civil no existen esas limitaciones. El ilícito civil tiene más amplitud. Entonces, cuando en civil tienen sobrados elementos para establecer que hubo abuso, violencia y/o otros elementos que ameritan la no vinculación obrar en sentido contrario es un tema ideológico. El juzgador impone su tabla de valores a los justiciables y lo hace porque no es imparcial y, desde mi perspectiva, porque carece de la adecuada formación para desempeñarse en la magistratura. Nuestra experiencia clínica nos indica que la justicia de familia es conservadora y retardataria y se mueve de modo tal que viola los derechos humanos de los y las niñas y de sus madres que las representan, negando la existencia del abuso o del maltrato y poniendo en tela de juicio las pruebas colectadas”, dice envalentonada Norma Chiapparrone, secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ) y de la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, que lleva añares dando esta cruzada desde adentro.

En la misma línea se explaya María Beatriz Müller, presidenta de la Asociación Civil Salud Activa: “Debemos ubicar estas cuestiones en el marco de una sociedad que mantiene en su esencia intactos los principios del patriarcado, uno de los cuales es considerar a la familia como el principal baluarte a defender y sostener, a pesar de todo y todas. Hacer efectivas las penas, realmente encontrar culpable al pater familias, es atentar contra la ‘sagrada familia’, situación imposible de soportar y de aceptar para muchos y muchas. Esto va más allá del caso particular, es un principio que se debe sostener a toda costa, en realidad a costa de las mujeres, los niños y niñas y de la verdad y la justicia”.

5- No al SAP, sí a los sinónimos

En julio de 2013 la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación rechazó la aplicación del síndrome de alienación parental y su terapia como trastorno a ser diagnosticado en procesos judiciales de familia. En sintonía, en enero de este año la Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba declaró públicamente la ilegalidad del SAP en el ámbito clínico-jurídico por ser violatorio de varias leyes de rango constitucional.

Pero “hecha la ley hecha la trampa” describe un dicho argento muy popular. Y algo de eso hay cuando en las sentencias aparecen palabras que hablan de SAP pero sin nombrarlo. Esto cuenta Müller: “Últimamente comenzamos a encontrar sinónimos al SAP en las causas sobre abuso y maltrato infantil o en los puntos de pericia. Algunos son: co-construcción de memoria, implantación de memoria o de ideas, madre alienadora, disputa de adultos, divorcio controvertido, falsa denuncia, intereses económicos en juego, o madre alienada o trastornada mentalmente”. (Ver “Emblemático SAP)

Es que el objetivo es cambiar el foco para seguir sin hablar de abuso y mantener el orden social establecido. “Durante muchos años el maltrato infantil estuvo invisibilizado porque los niños y niñas mentían o fantaseaban, no eran creíbles. Esto se vio cuestionado con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, quien pasó a ser un sujeto con derechos. Entonces, el único camino que queda para continuar invisibilizando las violencias contra los niños/as es atacando al adulto protector (madre, padre, abuela/o, psicóloga/o), que son quienes van a acompañar y validar los dichos del niño y la niña. Por eso, el ataque al adulto protector siempre debe ser considerado sospechoso”, recomienda Müller.

Se han logrado avances. De a poco comienza a correrse el velo de un tabú milenario. Pero es necesario frenar el proceder de una Justicia que parece ensañada en perpetuar la violencia infantil. Digamos basta. Con los chicos y chicas, no.

Foto: Reclamo de Andrea Vazquez en Tribunales.

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6 Comentarios

  1. Norma Graciela Chiap:

    mantener el tema en la agenda pública y visibilizarlo de cara a la sociedad es un gran aporte que hacen Uds., felicitaciones

  2. L@s Nadie:

    La Utilización de este “falso SAP”, CONDENA a las víctimas

    En España también estamos luchando para que desaparezca este absurdo discurso que PROTEGE a pederastas y maltratadores.

    La Utilización de este “falso SAP”, CONDENA a las víctimas a formar parte del sucio entramado del agresor, en ocasiones obliga a una prolongada convivencia.

  3. Julieta Lanteri:

    Es alarmante que se utilice ese falso síndrome en un tema tan pero tan crucial como es el bienestar y la protección de lxs niñxs, a sabiendas de que la comunidad científica internacional JAMÁS LO AVALÓ..!!

  4. adriana sauleo:

    yo sospeche del SAPhace un par de años porque susargumentos son falsedades.

  5. Si creo que hay que mantener el problema verlo desde distintos angulos y que muestre la ignominia de esta situacion. Claro la crueldad se renueva dia a dia y cosecha victimas. Fuerza.

  6. Soy Sandra y me pasa exactamente lo mismo, todo lo aquí contafo es una realidad, la unica diferencia es el pais porque estoy en Colombia, lo empobrecen a uno de tal manera que no puede uno defenderse, ni defender a los crios, lo ponen a escoger entre al menos una comida diaria para los niños nisiquiera para uno, o gastar el dinero en pasajes y escritos, para los tribunales, porque ya para abogado no alcanza, y eso suponiendo que el gasto y la violencia económica a sido tal, que ya ni para una comida diaria, para luego acusarte de que no tienes económicamente como tenerlos a tu lado, siendo el agresor la unica mejor opción.

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