Esperando a la CIDH

En el 2005, el caso de Ivana Rosales fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de establecer la responsabilidad del Estado argentino en la situación de violencia de género en la que casi pierde la vida. Aún no fue admitido.

COMUNICAR IGUALDAD- En noviembre del 2005 quedó claro que el intento de homicidio de Ivana Rosales por parte de Mario Garoglio sería sancionado sólo con 5 años de prisión, gracias al atenuante pedido por el fiscal y considerado por los jueces intervinientes. Frente a esa sentencia sexista que redujo la condena entre otras razones por la presunta infidelidad de la víctima, el abogado de Ivana en la región,  junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecer la responsabilidad del Estado argentino en el hecho de violencia y en la sentencia posterior.

Las causas judiciales sólo pueden presentarse ante los sistemas internacionales o regionales de justicia cuando están agotadas las instancias jurídicas de tratamiento interno. El caso de Ivana Rosales no llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero el equipo jurídico que la asesora consideró que estaban dadas las posibilidades para presentar la denuncia ante la CIDH ya que por la normativa del Estado argentino Ivana no había podido apelar el fallo de primera instancia que da sólo 5 años a Garoglio. Según las leyes de Neuquén, una persona puede presentarse como querellante en una causa antes de que la fiscalía haga su acusación. El primer fiscal que tuvo el caso de Ivana había actuado correctamente en relación a no investigar innecesaria y prejuiciosamente su pasado y no considerar atenuantes que pudieran reducir la culpabilidad de Garoglio. Sin embargo, llegada la instancia de juicio, el fiscal cambió y el nuevo incurrió en los errores mencionados de sexismo y ausencia de perspectiva de género. Pero ya se había realizado la acusación, con lo cual Ivana perdió  la posibilidad de presentarse como querellante por lo cual tampoco pudo apelar la sentencia posterior.

Si bien la causa fue presentada ante la CIDH en noviembre del 2005, recién a comienzos del 2010 la Comisión comenzó las consideraciones sobre su inadmisibilidad, situación que aún no se resolvió. Mientras tanto, convocó al Estado argentino para expedirse sobre la admisibilidad o no del caso. Ante una nueva oportunidad de proteger los derechos anteriormente vulnerados de Ivana, el Estado podía haberse responsabilizado de su accionar. Sin embargo, la respuesta fue formal: señalaron que a Ivana no se le había negado la posibilidad de presentar recursos sino que ella se negó a accionar al no presentarse a tiempo como querellante.  “Nosotros decimos que están dados ya todos los elementos para que la CIDH diga si tomará o no el caso porque, por un lado, está claro que tanto en la actuación del fiscal de juicio como en la sentencia, la justicia no actuó protegiendo los derechos de Ivana a una vida libre de violencia y, por otra parte, no puede haber leyes que hagan que un delito de este tipo quede en salvaguarda de personas individuales, es el Estado el que debía estar protegiendo los intereses de Ivana aún si ella no se hubiera querido presentar como querellante” señala la abogada del CELS Lourdes Bascary.

Si la CIDH decidiera que admite el caso, se abre una instancia de negociación amistosa de las partes que a juicio de Bascary es la más interesante porque puede permitir el pautado de reformas estructurales. Una de ellas podría ser una reforma procesal que determinara, como sucede en otros países, la prohibición de que durante el juicio sean investigadas las víctimas; cursos de capacitación y formación para operadoras/es judiciales; o leyes que efectivicen políticas públicas.

En el año 2001, por ejemplo, en el caso conocido como María da Penha, la CIDH condenó a Brasil por violencia de género y, una de las consecuencias del fallo fue la aprobación de la Ley 11.340 (conocida como Ley Maria da Penha) que creó mecanismos para refrenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer en ese país. En Argentina ya tenemos una ley, la 26485, pero necesitamos una norma de verdad, que permita la efectivización de políticas públicas, que impacte en la vida de la gente –observa Bascary-. El feminismo ya logró casi todas las leyes en este país, salvo la de aborto tenemos todas, pero se está viendo que las resistencias aparecen en otros ámbitos, no en el legislativo, y es necesario crear estrategias para esos espacios.”

Notas relacionadas: Ella se lo buscó

1 Comentario

  1. Los Estados en general niegan los hechos en la primera etapa; si como pienso el caso está debidamente planteado ante la Comisión, debería declararse la admisibilidad. Hay muchas normas internas que no se adecuán al derecho interamericano. Este quizás sea uno de esos supuestos.

Post a Comment

*
* (will not be published)