El sector doméstico se moviliza

Trabajadoras de casas particulares se movilizan para reclamar la sanción de la ley de regularización del servicio doméstico, cajoneada en Senadores/as y pronta a perder su estado parlamentario. Un grupo de trabajadoras de hogar dan testimonios sobre las consecuencias de la informalidad.

Por Alejandra Waigandt        

COMUNICAR IGUALDAD AMUMRA (Mujeres Migrantes y Refugiadas) se movilizará el 23 de octubre para reclamarle al Congreso argentino la aprobación del proyecto de ley que establece un régimen particular para las trabajadoras de casas particulares, y la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que en 2011 equiparó al sector del servicio doméstico la resto de lo/as tarbajadore/as del mundo, y que hasta el momento firmaron Uruguay, Filipinas y Bolivia, según el registro que lleva adelante el Fondo de Mujeres del Sur.

De acuerdo a la presidenta de AMUMRA Natividad Obeso, “la ley de trabajadoras de casas particulares se encuentra estancada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores. Hemos realizado reuniones con los senadores, hemos hecho bulla y nos aseguran que la ley se va a tratar en octubre”. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados en 2011, después de que Argentina destacara en su posición sobre los derechos para el sector en Ginebra, donde las naciones de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África aprobaron el Convenio 189.

AMUMRA advierte sobre la posibilidad de que el proyecto pierda su estado parlamentario si se sigue demorando el tratamiento en el reciento. Esta situación urgente llevó a la organización a convocar a una movilización el 23 de octubre para marchar al Congreso, el Ministerio de Trabajo y la Casa de Gobierno. La concentración se realizará a las 14 en la Plaza de Mayo.

Protagonistas

La falta de avance de la ley también preocupa a trabajadoras de hogar de Córdoba, Entre Ríos y San Juan, quienes dialogaron con COMUNICAR IGUALDAD en el marco de una actividad realizada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en el Club Ferro el 8 de septiembre. Sus testimonios dan cuenta de la situación de informalidad, bajos salarios, falta de regulación y discriminación respecto a otros sectores de trabajo.

Una trabajadora de casas de familia, una chica joven, limpiaba una araña subida a una escalera en una casa en Córdoba y sufrió un accidente. Quedó inválida. Llevaba trabajando 24 años en negro, así que no tenía una ART, estamos viendo cómo ayudar”, relató la dirigente Marta Cristina Pereyra, del Sindicato del Personal de Casas de Familia (SINPECAF Córdoba), sobre el acceso a un seguro por accidentes de trabajo. “En Córdoba las trabajadoras pagamos la ART de nuestro bolsillo”, confirma Pereyra, que lleva 26 años de militancia queriendo garantizar condiciones de trabajo dignas en las casas particulares. Siente pasión por su actividad sindical y cuenta que la necesidad de conciliar ese capítulo de su vida con las responsabilidades laborales la llevaron a postergar la maternidad y la conformación de una familia. Si bien tuvo que tomar decisiones difíciles, a sus 51 años tiene la certeza de haber logrado para sí misma una vida digna. Durante varios años, por ejemplo, ocupó los domingos para participar en las reuniones que realizaban las trabajadoras de hogar, lideradas por la dirigenta Alicia Burgos para discutir sobre informalidad del sector, luego se sumó el abogado Rubén Layún (falleció el año pasado) quien colaboró en la elaboración de un proyecto de ley que presentaron a la presidenta Cristina Fernández en 2009.

Claudia Iriarte, de 39 años, también de Córdoba, llama la atención sobre las extensas jornadas de trabajo que lo/as empleadore/as imponen a las trabajadoras de hogar. “Hay mujeres que trabajan hasta 12 horas diarias y no cobran las horas extras”, asegura y denuncia que la situación es más grave para el personal sin retiro, es decir que vive en la casa del empleador. “Hemos sabido de migrantes paraguayas que deben trabajar hasta 17 horas”, precisa Iriarte sobre una situación que daña principalmente a la población migrante que ve en el trabajo doméstico sin retiro una solución a la falta de acceso a una propiedad.

La licencia por maternidad es otra de las garantías que las trabajadoras de casas particulares reclaman a través de la nueva legislación que debe sancionar el Congreso argentino. Manuela Muñoz (29 años), de SINPECAF Entre Ríos, asegura que “las chicas que quedan embarazadas siempre pierden el empleo, algunas trabajan hasta los 7 meses de embarazo, luego dejan de trabajar, se quedan sin ingresos y muy pocas logran volver al mismo hogar después de ser madres”. Muñoz es mamá de 2 hijos y se especializa en el cuidado de niños y niñas, sin embargo no tiene el título de niñera especializada, pero le correspondería un salario mínimo de 2400 pesos, según la Resolución 1350 del Ministerio de Trabajo, aprobada en noviembre del año pasado.

Muñoz siguió el oficio de su madre María Gutiérrez, quien trabajó 60 años en el servicio doméstico y nunca tuvo aportes. Actualmente hay una mayor formalización en el sector, ya que las trabajadoras tienen aportes y acceden a una obra social y jubilación. Por ejemplo quienes trabajan más de 16 horas semanales deben pagar a la AFIP 95 pesos, 60 aporta la trabajadora y 35 la empleadora, según datos de diciembre de 2010. “Mi madre pasó mucho tiempo fuera del hogar, mi hermana y yo fuimos criadas por otras personas y eso es lo que nostras queremos que no se repita, por eso también queremos que se garanticen horarios de trabajo y las tareas convenidas, a veces te llaman para cuidar niños y te piden que hagas tareas de limpieza o jardinería y no corresponde”, agrega Muñoz.

Estela María Salasar (60 años) trabaja en el cuidado de adulto/as mayores en San Juan. Integrante de SINPECAF San Juan, Salasar cuenta que trabajó 40 años en negro y actualmente si quiere acceder a una jubilación tiene que pagar a la AFIP, es por eso que sigue trabajando. “La tarea de cuidar ancianos está muy bastardeada, no hay un límite claro entre el cuidado de una persona y el cuidado de un enfermo. Soy cuidadora, no soy enfermera ni médica”, relata. Se enoja además con la situación de servidumbre que persiste en el sector y denuncia que en la provincia de San Juan “los estancieros demandan trabajadoras jóvenes y sin familia para trabajos sin retiro, que es donde ocurren los mayores abusos”.

Condiciones dignas y seguras de trabajo benefician a la trabajadora y al empleador y la ley que establece un régimen particular para el sector legitima un vínculo laboral saludable, aseguran las activistas del interior, que también reclaman la equiparación de derechos laborales la resto de los trabajadores.

 

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