El Protocolo de Ciudad podría ser denunciado por inconstitucional

La oposición en la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña analiza la posibilidad de iniciar una acción judicial para declarar inconstitucional la Resolución 1252 del Ministerio de Salud para la atención del aborto no punible. La medida ministerial contiene restricciones que no se adecuan al Código Penal ni al fallo de la Corte Suprema. En tanto el bloque del PRO volvió a frenar ayer el avance de una ley para garantizar el acceso al aborto en la Ciudad.

Por Alejandra Waigandt

COMUNICAR IGUALDAD– El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó el jueves 6 de septiembre la Resolución 1252  que regula el acceso al aborto cuando una mujer sufre una violación o peligran su vida o salud, que son los casos permitidos por el Código Penal (CP) argentino. En la resolución se afirma que la medida atiende al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo, donde se insta a las provincias a legislar reglamentaciones ejemplares para facilitar ese acceso. En cambio diferentes organizaciones de mujeres y la/os diputada/os de la oposición de la Comisión de la Mujer, que se reunieron ayer para discutir los proyectos de ley sobre aborto no punible, denunciaron que la medida rubricada por el ministro de Salud Jorge Lemus establece requisitos que impiden el ejercicio del derecho consagrado en el CP (artículo 86 inicios 1 y 2).

Los cuestionamientos al procedimiento para la atención de las prácticas de aborto no punibles en los hospitales porteños se centran en los requisitos dispuestos en el Anexo 1 de la Resolución, puesto que limitan el ejercicio de este derecho por parte de la mujer en tanto que coloca una serie de cuestiones en manos de las y los profesionales de la salud. La medida ministerial restringe el acceso al aborto en los casos de violación porque estipula que es posible practicar la interrupción hasta las 12 semanas de gestación, plazo no mencionado en el fallo de la Corte.

La titular de la Comisión de Mujer María Elena Naddeo informó a COMUNICAR IGUALDAD que un grupo de abogada/os analiza la posibilidad de iniciar una acción judicial para declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 1252 debido a este tipo de restricciones. La Asesoría Tutelar General, del Poder Judicial de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes están analizando acciones similares, según se expresó en la Legislatura porteña, por otro de los requisitos de la Resolución que obliga a las y los adolescentes a presentar una autorización de sus responsables legales no respeta la Convención de los Derechos de los niños y niñas que reconoce la capacidad de decisión de la/os menores a partir de los 14 años.

Desde del Foro por los Derechos Reproductivos, Marta Rosemberg dijo ayer en la reunión de la Comisión de Mujer que las ongs que integran el Foro rechazan la Resolución 1252. Explicó además que ninguna mujer quiere seguir adelante con una gestación producida en una situación de violencia –80 por ciento de las violaciones se producen en el marco de la violencia intrafamiliar, según señaló ayer el diputado del MST Alejandro Bodart– de acuerdo a la historia y estadísticas de casos. Rosenberg señaló que  la medida ministerial reproduce la violencia hacia las mujeres al incluir instancias que pueden demorar la práctica del aborto y no tienen en cuenta que se trata de un derecho, por ejemplo dando intervención en el proceso de un equipo interdisciplinario y de la dirección del hospital.

Otra restricción muy cuestionada es la propuesta de que a las mujeres víctimas de violación se les deba brindar, entre otras cosas, la posibilidad de tramitar la adopción del concebido. “Esto está incentivando u orientando la labor de los equipos en esa dirección”, agregó la diputada Naddeo.

La dirigente Estala Díaz, de la Central de Trabajadores Argentinos, dijo que “la Resolución es un mecanismo para recortar los derechos de las mujeres”, recordó luego que los abortos no punibles están garantizados en el Código Penal desde 1921, de modo que el Gobierno porteño no respeta la legislación vigente. Advirtió además que agrega la objeción de conciencia frente a cada caso y no accesible a la población, lo que le quita transparencia.

Por su parte la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva reclamó al Gobierno municipal que adhiera a la Guía Nacional de Atención de Abortos No Punibles, y exigió la intervención del Estado nacional para hacer efectiva dicha política pública en todas las jurisdicciones del país.

Freno al proyecto de ley

Tras dar a conocer las diferentes posturas sobre la Resolución del Ministerio de Salud, la/os diputados del PRO Francisco Quintana, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, Lía Rueda, Raquel Herrero, Alejandro García, José Luis Acevedo lograron frenar el avance de la iniciativa que regula el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles que figura en el dictamen de minoría de la Comisión de Salud y que reproduce en lo sustancial despachos suscriptos en las comisiones de Salud y Mujer en 2009 y 2010. Al tener la mayoría de los votos, el PRO rechazó la propuesta de la titular de la Comisión de la Mujer, Naddeo, de avanzar en trasladar el debate al recinto y se negaron a firmar el expediente. El mismo lleva la firma de la/os diputada/os de la oposición María José Lubertino y María Rachid del FpV, Edgardo Form de NE, Laura García Tuñón, Virginia González Gass y Jorge Selser de Proyecto Sur y Alejandro Bodart.

La diputada Polledo criticó duramente a la oposición porque evitó la discusión del dictamen de minoría y pidió su tratamiento en una reunión de asesores la próxima semana. Aseguró que el PRO no obstaculiza el debate, lo cual queda demostrado por los 4 proyectos que del bloque oficialista . La oposición considera que el debate debe trasladarse al recinto, donde conseguirían los votos para acompañar el dictamen que unifica las iniciativas de Bodart, Rachid, Gabriela Alegre, Juan Cabandié, Naddeo, Lubertino, Aníbal Ibarra y Tuñón, entre otros.

De modo que no hubo novedades respecto de las tácticas de la/os legisladores, que adoptaron las mismas posturas que en la Comisión de Salud, la cual discutió el tema el martes 4 de septiembre y tampoco pudo avanzar. No obstante el encuentro de ayer sirvió principalmente para reflexionar sobre la vigencia de la Resolución 1252 que establece restricciones graves según las organizaciones que participaron en la discusión.

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