Córdoba apeló la suspensión del protocolo

La Provincia de Córdoba y la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) apelaron la decisión de un juez cordobés de suspender el Protocolo para la atención del aborto no punible y exigir que un equipo médico constate la violación. La suspensión de esta guía lleva 5 meses, según una advertencia de la abogada Natalia Milsenda.

COMUNICAR IGUALDAD– En Córdoba el protocolo que regula el acceso al aborto no punible se encuentra suspendido desde el 14 de abril por una disposición del juez Federico Ossola, quien entendió que la violación debe ser constatada por médicos como requisito previo para interrumpir voluntariamente el embarazo. El Gobierno provincial apeló la medida judicial el martes 11 de septiembre y el objetivo es que se aplique en los hospitales públicos la guía de atención de abortos no punibles dictada en marzo para seguir los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez Ossola dictó el fallo a partir de una acción de amparo de la organización católica Portal de Belén que buscó la suspensión del Protocolo y la declaración de inconstitucionalidad del aborto no punible. El magistrado cordobés Ossola no dio lugar a esta segunda exigencia reconociendo que la violación es una causal de aborto no punible, pero impuso la obligación de probar dicha fatalidad, tal como explicó a COMUNICAR IGUALDAD la abogada Natalia Milisenda, de Católicas por el Derecho a Decidir.

De acurdo a la Milisenda el Protocolo de Córdoba no adhiere a la Guía Nacional de Atención de Abortos No Punibles, pero asegura la atención en los hospitales de la mujer abusada, incluso la provee de asistencia psicológica. En las menores de 18 años el consentimiento deben darlo los padres o tutores. Y en el caso de las menores de 13 años, o si la chica está sola, intervienen un organismo público. Establece, además, que el director del hospital deberá asegurar la práctica en casos de objeción de conciencia.

La abogada señaló luego que “están vigentes el Código Penal y se cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, es decir que las mujeres y las niñas deben acceder al aborto no punible, sin embargo la suspensión del protocolo impide que se garantice ese derecho, no hay médicos dispuestos a realizar el procedimiento debido a las reacciones de los sectores conservadores de Córdoba. Se entiende que el protocolo sirve para cubrirse de una denuncia penal a nivel provincial”.

“Las acciones judiciales del Portal de Belén están orientadas a amedrentar a los médicos y médicas. También están persiguiendo a las farmacias por la venta de la droga misoprostol”, denunció Milisenda.

La abogada explicó además que “la resolución de Ossola de imponer que equipos médicos constaten al violación es inconstitucional, no se ajusta al fallo de la Corte, no tiene razón de ser, los médicos no pueden tener la facultad de decidir si hubo una violación, es un caso de violencia institucional contra la paciente, se violenta la relación medico paciente.

La apelación de la Provincia de Córdoba tiene el mismo espíritu en cuanto a que alega la “nulidad absoluta” del fallo del Ossola, según conoció Católicas Por el Derecho a Decidir. “No es posible que los médicos constaten una violación y lo que se hace a la mujer es revictimizarla”, insistió Milisenda, quien confirmó que la organización que integra también apelará la medida cautelar que suspendió el Protocolo.

 

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