Aborto no punible: las provincias se van sumando

El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo del 2012 sobre aborto no punible preveía –para evitar que siguiera judicializándose e impidiéndose a las mujeres el acceso a este derecho- que las diferentes jurisdicciones del país sancionaran normas propias concordantes con el fallo o adhirieran a la Guía Nacional de Atención de Abortos No Punibles. Hasta la fecha, nueve provincias poseen protocolos que respetan en gran medida el fallo de la CSJN; hay 10 en cambio que no poseen reglamentación y otras cinco que establecen requisitos adicionales o impedimentos en relación a las garantías del fallo.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDADLos abortos no punibles están garantizados para las mujeres argentinas en el Código Penal (CP) desde 1921, sin embargo nunca se cumplieron. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo del 2012 se propuso acabar con una histórica discusión sobre el alcance de uno de los supuestos del CP –el referido a la violación- y a la vez sentó las bases para el correcto abordaje desde el sistema de salud de los abortos no punibles en general. En ese sentido, un aspecto importante del fallo es el que exhorta “a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Además de especificar que toda mujer víctima de violación debe poder acceder al aborto, y recomendar la creación de protocolos de atención, el fallo estableció: que no se requiera autorización judicial, ni denuncia policial previa y que el único requisito para el aborto sea una declaración jurada; que se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria; que se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen la atención; que se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados; que se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir entre el/la profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto; que se disponga un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia; que la objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente; que las instituciones de salud cuenten con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual; que se sancione a los/as profesionales que dificulten o impidan el acceso a los abortos no punibles; que se brinde a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva; que se asegure la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito; que se asegure la asistencia psicológica inmediata y prolongada de la víctima; y que se asegure el asesoramiento legal del caso (link).

A seis meses de la sanción del fallo de la CSJN, la adecuación de la normativa provincial al mismo aún no es completa y, en muchas provincias en las que se sancionaron protocolos sobre el tema , éstos tienen características más restrictivas que el fallo de la Corte. De acuerdo a un relevamiento realizado por COMUNICAR IGUALDAD en base a información propia y a una investigación realizada por Mercedes Cavallo y Roberto Amette -integrantes de la Asociación por los Derechos Civiles- y difundida por el diario Página 12: nueve provincias poseen protocolos que respetan en gran medida en fallo de la CSJN o adhieren directamente a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No punibles realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007 y actualizada en el 2010 (provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Chubut, Córdoba, Formosa, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fé); cinco provincias poseen protocolos que no garantizan completamente los derechos avalados por el fallo de la Corte (Salta, Ciudad de Buenos Aires, Entre Rios, La Pampa y La Rioja) ; y 10 no poseen aún ningún tipo de reglamentación (Río Negro, Catamarca, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán).

BUENOS AIRES (provincia): Fue aprobado por resolución ministerial Nº 3146/12 el Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles. Según la investigación de Mercedes Cavallo y Roberto Amette, los ciertos de este protocolo son: considerar todas las causales de aborto: violación, atentado al pudor de una mujer con discapacidad, y peligro para la vida y/o salud de la mujer; recoger la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cual permitiría el aborto en caso de peligro del bienestar físico, psíquico y social de la mujer.

Sin embargo, señalan que algunos requisitos planteados en el mismo pueden actuar como barrera: en el caso de mujeres menores de 18 años debe dar su consentimiento la/el representante legal; no estipula sanciones en caso de incumplimiento; no se establece la conservación de la evidencia forense por si la mujer quiere iniciar una causa por el abuso sexual posterior al aborto; y en el caso de mujeres con algún tipo de discapacidad, se requiere el consentimiento de su representante legal en forma de declaración jurada, además de la declaración de insania.

CHACO: En agosto fue aprobada por ley provincial la aplicación de la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No punibles  La misma había sido adoptada por el Ministerio de Salud provincial en junio.

CHUBUT: Fue sancionado por ley en el 2010 –antes del fallo de la CSJN- un Protocolo de Atención de Abortos No Punibles en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Fue una respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia que por primera vez en el país falló a favor de un aborto no punible en caso de violación, adelantándose a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de 2012. El caso fue conocido como el de A.G., una adolescente de 15 años.

Según la investigación de Mercedes Cavallo y Roberto Amette, el Protocolo de Chubut recoge como aspectos positivos: no exigir más verificaciones de la violación que la del/la profesional de la salud que realizará el aborto; no se pide otro requisito a la mujer que solicita el aborto que la declaración jurada; se explicita que la práctica está permitida para las mujeres mayores de 14 años; y se establece que la objeción de conciencia debe ser siempre individual, que la institución de salud deben garantizar el acceso al aborto y que de no hacerlo se establecerán responsabilidades institucionales.

También señalan algunas omisiones en relación al fallo de la CSJN: no se dice cómo se resolvería un eventual desacuerdo entre la mujer y el/la profesional de salud interviniente en relación a la procedencia del aborto y no se menciona la forma de conservación de la evidencia forense en caso de que la mujer quisiera denunciar posteriormente al aborto el abuso sexual del que fue víctima.

CATAMARCA: Aún no fue sancionado un protocolo ni la adhesión a la Guía Nacional.

CIUDAD DE BUENOS AIRES: Ver El protocolo de Ciudad podría ser denunciado por inconstitucional.

CORDOBA: Ver Córdoba apeló la suspensión del protocolo.

CORRIENTES: Las autoridades provinciales no adhirieron a la Guía Nacional, no elaboraron un protocolo propio ni dijeron cómo manejarían el tema. El movimiento de mujeres de la provincia reclamó en diversas oportunidades al Ejecutivo cumplir con el fallo de la CSJN sin respuesta. La provincia fue declarada “pro-vida por decreto del gobernador Ricardo Colombí en diciembre del 2011.

ENTRE RIOS: En mayo fue aprobado por resolución ministerial un protocolo de atención de los abortos no punibles. En enero, el Ministro de Salud de la provincia, había instado a una niña a continuar con un embrazo producto de una violación.

Según el trabajo de Cavallo y Amette, los aciertos de este protocolo son que ante cualquier duda en relación con su aplicación, la resolución del caso debe darse en base al principio de favorabilidad para con los derechos de las mujeres; se establece asistencia psicológica; y se contempla la responsabilidad profesional en caso de incumplimiento. Los desaciertos son varios: regula únicamente el aborto en caso de violación (como en Salta); se establece verificación de la causal de violación a cargo de un equipo interdisciplinario y del/la directora/a del hospital; es confusa la regulación del consentimiento para mujeres menores de 18 años; no se menciona la conservación de la evidencia forense; la objeción de conciencia puede alegarse en el momento de atender a la paciente, en lugar de hacerlo en el momento de implementación del protocolo, como indica el fallo de la CSJN; se considera una denegación de la práctica por causas diferentes a la objeción de conciencia (como en Salta y La Pampa).

FORMOSA: Según reportes periodísticos, la provincia habría adherido a la Guía Nacional.

JUJUY:: El abril del 2012 la provincia adhirió a la Guía Nacional pero no dieron trascendencia al hecho. Según explican desde la Multisectorial de Mujeres, el Ministerio de Salud solicitó que no se difundiera el hecho porque había mucha resistencia de la comunidad médica y se quería trabajar en la sensibilización de los equipos de salud antes de su difusión masiva. Aún hoy no es pública la adhesión de Jujuy y el único aborto no punible que se conoce que hubo en la provincia luego del fallo de la Corte debió ser resuelto en la Ciudad de Buenos Aires debido a la resistencia de los equipos médicos a ponerlo en práctica. 

LA PAMPA: Luego de que desde el Poder Ejecutivo provincial se declarara públicamente que no se acataría el fallo de la CSJN, fue aprobado por decreto un protocolo de atención de abortos no punibles que está siendo cuestionado por Mujeres por la Solidaridad y las representantes locales del Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (CONDERS).

Según el trabajo de Cavallo y Amette, los aciertos de este protocolo son: contemplar un procedimiento en caso de desacuerdo entre la mujer y la/el profesional interviniente sobre el origen del aborto; se contempla la conservación de la evidencia forense; y se provee asistencia psicológica. Los aspectos cuestionables son que se requiere que la verificación de la violación incluya a un equipo interdisciplinario y no sólo al/la profesional interviniente; se pide el consentimiento de padres/madres y/o responsables para menores de 18 años, además de la obligación de notificar a la Dirección General de Niñez y Adolescencia; el registro de objetoras/es de conciencia es confidencial, con lo cual la mujer no puede saber de antemano si la persona que la atenderá es objetora; en relación a la causal salud, la/el profesional interviniente puede considerar que no sea viable la práctica del aborto; se limita la práctica a instituciones de salud de nivel 4to o superiores; y no se estipula la responsabilidad profesional en caso de incumplimiento del protocolo.

Mujeres por la Solidaridad y CONDERS –que elevaron sus cuestionamientoal Poder Ejecutivo el 10 de julio y aún no recibieron respuesta- agregan como críticas que el tratamiento psicológico sea obligatorio y que el Poder Ejecutivo no de amplia difusión al tema a través de campañas informativas.

Hasta la fecha, trascendió públicamente la realización de un aborto no punible por violación en el Hospital Lucio Molas –el más grande de la provincia, situado en Santa Rosa- donde 3 de las cinco personas que podrían cumplir con la práctica no se declararon objetores/as de conciencia. En General Pico, en cambio, la segunda ciudad de la provincia, todas/os las/os médicas/os ginecólogas del Hospital centeno, el único de la ciudad, se declararon objetoras/es.

LA RIOJA: Según el reporte periodístico, el Poder Ejecutivo habría implementado un protocolo de atención a instancias de los equipos médicos del Hospital Vera Barros. La metodología del mismo implicaría la intervención de un equipo interdisciplinario que debería expedirse sobre la pertinencia de realización del aborto, lo cual pone más restricciones que el fallo de la CSJN que señala que basta con la declaración jurada de la mujer.

MENDOZA: El gobernador de la provincia, Francisco Paco Perez, declaró pocos días después del fallo de la CSJN que el mismo se aplicaba a un caso particular y por tanto el Estado no estaba obligado a cumplirlo. Luego no hubo avances en la regulación. Ante la indefinición del Poder Ejecutivo, en agosto una diputada provincial presentó un proyecto de adhesión a la Guía Nacional que cuenta con el apoyo de otras/os 20 legisladores/as y que será tratada en las próximas semanas.

Mientras se define al apoyo formal de la provincia al fallo, en el Hospital Diego Paroissien de Maipú las autoridades decidieron desde abril realizar abortos apoyándose en la Guía Nacional.

MISIONES: Si bien el Poder Ejecutivo se comprometió a elaborar un protocolo para adecuar a la provincia al fallo de la CSJN, éste aún no fue realizado  aunque ya hay médicas/os que se declararon objetoras/es de conciencia.

NEUQUÉN: La provincia adhirió a la Guía Nacional en el año 2007, en la primera versión de este documento. Debería aggiornar su normativa a la actual versión de la Guía, del año 2010.

RIO NEGRO: Fue aprobado en agosto en primera vuelta un proyecto que regula los abortos no punibles. De acuerdo a la cobertura periodística, no estaría en principio en completa sintonía con el fallo de la CSJN al poner un plazo de 12 semanas para la realización del aborto; no mencionar la creación de un registro de personas objetoras e imponer la intervención de un equipo interdisciplinario en el diagnóstico, entre otros aspectos.

SALTA: Luego de declarar públicamente que no cumpliría el fallo de la CSJN, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey emitió un decreto de creación de un protocolo de atención de los abortos no punibles más restrictivo que el fallo de la CSJN. Dos meses después, el Ministerio de Salud de la provincia aprobó por resolución una Guía de Procedimiento para la Asistencia de toda víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles que sólo regula el acceso al aborto en caso de violación.

Según el trabajo de Cavallo y Amette, los aspectos positivos de este protocolo son pocos: establece que la verificación de la causal debe hacerla sólo la/el profesional de salud interviniente en el caso; se contempla la responsabilidad profesional por brindar información falsa; y se prevee la asistencia psicológica de la mujer. En cuanto a la regulación del consentimiento para mujeres menores de 18 años, es confuso y si en la práctica se solicitara la anuencia de las/os progenitores/as esto vulneraría la Convención de los Derechos del Niño. Los desaciertos del protocolo son varios: se aplica sólo a casos de violación, dejando fuera los casos en que está en riesgo la vida o salud de la mujer; se exige que la declaración jurada sea asistida por un/a defensor/a oficial, lo cual implica una judicialización del procedimiento; se contempla la posibilidad de que la/el profesional se nieguen a realizar la práctica como un caso diferente a la objeción de conciencia, y no se contempla el desacuerdo entre profesional y mujer en relación a la procedencia del aborto; y se permite el mismo sólo hasta las 12 semanas.

Hay dos acciones judiciales de inconstitucionalidad contra la Guía de Salta. Una de ellas fue desestimada y la otra est{a siendo analizada.

SAN JUAN: Tampoco tiene protocolo hasta la fecha y las autoridades no manifestaron compromiso con el tema. El fallo de la CSJN fue criticado en la provincia por el titular del Ministerio Público, quien dijo que el mismo pondría a funcionarias/os y médicas/os “al borde de posibles delitos”. Mientras varias/os médicas/os se declararon objetoras/es de conciencia, desde el Ministerio de Salud se están realizando algunas capacitaciones para sensibilizar a los equipos de salud.

SAN LUIS: A los pocos días de conocerse el fallo de la CSJN, la ministra de Salud Pública –Teresa Nigra-, el gobernador de la provincia -Claudio Poggi- y la ex-presidenta del Superior Tribunal de Justicia Lilia Novillo- se manifestaron en contra del cumplimiento del mismo. Luego fueron presentados dos proyectos en la Legislatura para normatizar el tema: uno que desconoce al aborto no punible y no acepta el fallo de la CSJN y otro acorde a ese fallo, y se inició un proceso de audiencias públicas –aún en curso- en el que exponen representantes de todos los sectores comprometidos con el tema.

SANTA CRUZ: En junio, el gobierno provincia adhirió mediante una resolución a la Guía Nacional. La defensora oficial de El Calafate presentó un recurso de amparo para que el Poder Ejecutivo no aplique la Guía; si bien el mismo fue desestimado por la jueza interviniente, la defensora lo apeló y el proceso está en trámite.

Mientras tanto, el gobierno provincial inició la capacitación de los equipos médicos quienes se declararon íntegramente objetoras/es de conciencia. ”Los motivos no son éticos ni religiosos sino que están asesorados/as por el abogado del Consejo de Médicos de la provincia de Santa Cruz quien asegura que el fallo de la Corte Suprema no es suficiente. Es el mismo argumento que utilizaron la Defensoría Pública de El Calafate y la asesora legal del Hospital de Caleta Olivia, Carina Regesmburger, quienes aseguran que abortar es un delito” explica Romina Beherens, periodista e integrante de la agrupación política MUMALA.

SANTA FE: En abril del 2012, el Poder Ejecutivo de la provincia dictó una resolución de adhesión a la Guía Nacional. En la provincia existía, desde el 2010, un registro de personas objetoras de conciencia.

Según Cavallo y Amette, el Protocolo de Santa Fé tiene aciertos como que las mujeres deberán ser informadas en su primera reunión sobre la existencia de profesionales objetoras/es de conciencia y que ésta no podrá alegarse cuando esté en juego la vida o la salud de la mujer; y que se menciona la conservación de la evidencia forense en caso de que la mujer quisiera denunciar posteriormente al aborto el abuso sexual del que fue víctima.

El Partido Demócrata Cristiano presentó una acción de amparo y medida cautelar contra la resolución provincial pidiendo que se declare la inaplicabilidad de la Guía Nacional por considerarla inconstitucional. El juzgado no hizo lugar a la medida cautelar y actualmente está estudiando la cuestión de la inconstitucionalidad.

SANTIAGO DEL ESTERO: Aún no adhirió a la Guía ni sancionó protocolo propio.

TIERRA DEL FUEGO: Aún no adhirió a la Guía ni sancionó protocolo propio.

TUCUMÁN: Si bien posteriormente al fallo de la CSJN, el gobernador José Alperovich declaró que la provincia lo acataría, aún no fue elaborado por las autoridades de  salud de la provincia el protocolo correspondiente.

 

1 Comentario

  1. Agustina:

    Ojalá que finalmente se pueda legalizar el aborto. Cada mujer debe decidir sobre su propio cuerpo.

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